BUSCAR...LOS DESAFÍOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Las posibles dificultades que pueden existir cuando se trata de poner en práctica la realización de los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser una justificación para abandonarlos o dejar de lado la obligación estatal de llevar a cabo las acciones e implementar las políticas públicas necesarias para su pleno ejercicio. Por el contrario, se trata de derechos que deben orientar las acciones de los gobiernos —sus políticas públicas—, recordándoles cuáles deben ser sus prioridades a la hora de ejercer el poder. Al mismo tiempo, son una invitación a sostener un diálogo sobre qué tipo de sociedad queremos construir y sobre cómo resolver nuestras diferencias para garantizar a todas y a todos la satisfacción de sus necesidades básicas (y, por supuesto, sobre qué nivel de su realización podemos considerar como satisfactorio).
De algún modo estos derechos están orientados a garantizar el bienestar integral, esto es, un estado de equilibrio en el que las personas experimentan calidad de vida porque su contexto económico, político y social les permite desarrollar plenamente sus capacidades y libertades. También tiene que ver con tener acceso a bienes y servicios básicos de salud, empleo, recreación, educación, entre otros. No creas que esto depende sólo de tener un alto ingreso económico sino que es algo más complejo y que tiene que ver con condiciones individuales y personales vinculadas a nuestra participación en la comunidad, nuestra visión de sí el bienestar es algo importante e incluso lo consideramos (o no) un derecho humano, así como también con características sistémicas relacionadas con el gobierno, las instituciones y la manera en que se satisfacen las necesidades humanas.
EN RESUMEN
- Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos y lograr la igualdad entre las personas.
- Los gobiernos tienen la obligación de tomar las acciones necesarias para garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos económicos, civiles y culturales, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Derechos de los pueblos (derecho a la diferencia)
Los derechos humanos reconocen que todas las personas somos iguales, es decir, que somos igualmente valiosas como seres humanos y que tenemos los mismos derechos. Sin embargo, esta perspectiva no implica borrar las diferencias entre las personas, sino, por el contrario, reconocer la diversidad que compone a nuestras sociedades y valorarla como algo positivo. Nuestras diferencias nos permiten aprender cosas distintas de unos y otros y también nos ayudan a respetar a quienes son diferentes en términos de nuestra lengua, raza o cultura. Por eso el derecho a la diferencia es uno de los derechos humanos que tenemos las personas.
¿Qué significa el derecho a la diferencia? Significa que podemos reconocernos como personas con identidad propia y como parte de distintos grupos, en especial, de los grupos étnicos. El derecho de los pueblos a su diferencia no siempre ha sido respetado por otros pueblos, liderazgos u organizaciones que han buscado oprimir, excluir e incluso exterminar a personas de una raíz cultural, identitaria o social diferente. La historia de la humanidad nos ha dado muchos ejemplos en ese sentido. Todas estas malas experiencias han dado cuenta de los altos niveles de intolerancia, maldad y violencia que pueden darse por no reconocer ese derecho a la diferencia. Por ejemplo, la persecución del pueblo judío por la Alemania nazi apelando a motivaciones raciales expresan los niveles de intolerancia de unos contra otros. El Holocausto constituyó uno de los crímenes colectivos más aberrantes de la historia, con más de seis millones de asesinatos, es decir, el exterminio de las tres cuartas partes de los judíos europeos. Este lamentablemente no ha sido el único genocidio . La humanidad ha enfrentado otros como el de Ruanda o el del pueblo armenio.
Las sociedades complejas, como la mexicana, se componen de personas de distintas etnias y culturas y cada una de ellas tiene derecho a preservar su identidad, creencias, valores y tradiciones —todos los elementos que constituyen su identidad como comunidades y como individuos—. Las personas indígenas reciben una protección especial por parte de los tratados internacionales, pues durante siglos sus derechos individuales y colectivos han sido vulnerados por los Estados y las sociedades de las que formaban parte y que fueron establecidas en sus tierras. Durante mucho tiempo, ellas fueron objeto de prácticas de usurpación de tierras, riquezas y recursos, y del sometimiento de la población a través de la violencia o procesos de asimilación. Estos procesos se mantuvieron vigentes incluso después del establecimiento de los Estados independientes de las metrópolis colonizadoras, pues las nuevas sociedades mestizas mantenían las jerarquías culturales, étnicas y económicas establecidas durante la colonia. Si bien estos procesos fueron distintos en las diferentes sociedades y ámbitos —por ejemplo, el político o el económico— el proceso de desconolización cultural y del reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se dio apenas después de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque solemos asociar las prácticas coloniales con lo ocurrido a los pueblos indígenas de las Américas, esta trágica experiencia es común para las personas indígenas en distintas latitudes alrededor del mundo, incluyendo, por ejemplo, a pueblos africanos (los mursi , zulú , tuareg , dinka o masai , entre otros), a los de Asia (como los marathas , los rajputs y los sikhs ), al pueblo sami de Laponia (una región que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y al noroeste de Rusia) o los aborígenes de Australia y otras islas cercanas.
El proceso de descolonización y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fue largo y complejo.
A nivel internacional, los esfuerzos por establecer un marco normativo que les garantizara una protección efectiva fueron diversos y culminaron apenas en 2007 con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas . Esta Declaración reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.
SABÍAS QUE…
IWGIAtube, 2020.
IWGIAtube, 2020.
En particular, la Declaración reitera la importancia del derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Asimismo, prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.
Toda distinción, exclusión o restricción de su preferencia, basada en ámbitos como la raza, la cultura, el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión, la discapacidad física, u otras características no pertinentes a la cuestión de que se trate.
En la actualidad, la defensa de los derechos de las personas indígenas y de sus pueblos y comunidades con frecuencia está vinculada a la protección del medioambiente, de los recursos naturales e, incluso, de los derechos de las generaciones futuras.
Uno de los más importantes desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas precisamente está en la necesidad de desarrollar una convivencia pacífica entre personas y grupos diferentes, en el entendido de que esa diversidad constituye una fortaleza para dichas sociedades.
En México, hay alrededor de 26 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. Es decir, estas personas se consideran a sí mismas integrantes de un pueblo o una comunidad indígena, de acuerdo con los datos del INEGI . Casi siete millones de estas personas hablan alguna de las 68 lenguas indígenas (en alguna de sus 354 variantes) que se utilizan en nuestro país; las lenguas utilizadas con mayor frecuencia son náhuatl, maya, tseltal, tsotsil y mixteco. Cada vez hay menos personas que emplean en su vida diaria alguna de las lenguas indígenas, pues ya lo hace solo el 6.6% de la población de México.
Las lenguas son uno de los elementos centrales en la preservación de la tradición y cultura indígenas; por ello resulta fundamental su protección y su reconocimiento como iguales.
SABÍAS QUE…
México es un país multilingüe y multinacional, dentro del que se hablan 11 familias lingüísticas indoamericanas, de las que se despliegan 68 agrupaciones lingüísticas, conformadas por 364 variantes.
En este mapa interactivo puedes observar dónde residen las personas hablantes de las distintas lenguas, escuchar algunas frases y poemas, y conocer los elementos distintivos de su cultura.
Mapa interactivo de lenguas indígenas del Centro de Cultura Digital y el Instituto Nacional de Lenguas Indígena
Además de las lenguas, la vestimenta, la cocina, las festividades, la participación en el mercado comunitario y otras prácticas y tradiciones, muchas de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país eligen y mantienen sus propias autoridades. La Constitución mexicana (en su artículo 2º) reconoce su derecho a la libre determinación , es decir, a su participación en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas públicas que inciden o puedan incidir en sus derechos y desarrollo. Esto significa que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a:
- El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos humanos de sus integrantes;
- El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales;
- La participación plena en la vida política del Estado; y
- La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses.
A pesar del reconocimiento por parte de los tratados internacionales , de la Constitución federal y de toda una serie de leyes dirigidas a la protección de los derechos de la población indígena, en nuestro país es frecuente que las personas indígenas se enfrenten a situaciones de discriminación.
Según el estudio de Oxfam , las personas indígenas (en particular las mujeres y las niñas) son más susceptibles de vivir en condiciones de pobreza y verse mayormente afectadas por la falta de las oportunidades educativas, acceso a la salud y otros servicios públicos necesarios para el bienestar: el 72% de las personas hablantes una lengua indígena y el 51% de las personas que se autoadscriben como indígenas se encuentran en situación de desventaja económica. Esta situación evidencia una deuda histórica de nuestro país con sus población indígena y originaria.
La diversidad de los pueblos y comunidades indígenas de México es tan importante que te invitamos a consultar el Atlas de los Pueblos Indígenas de México
SABÍAS QUE…
Programa especial: la situación de los pueblos indígenas en Latinoamérica.
DW en Español, 2019
DW en Español, 2019
EN RESUMEN
- El derecho a la diferencia reconoce que las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas deben tener la posibilidad de mantener su propia identidad, cultura, lengua, tradiciones y formas de organización social y política.
- En nuestro país las personas indígenas aún enfrentan la discriminación y múltiples obstáculos en el ejercicio de sus derechos.
Derecho al desarrollo sostenible y al bienestar general
Todas las personas y pueblos tienen derecho al desarrollo, entendido como un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en él y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan (CEPAZ, 2018).
Se trata, entonces, de un derecho individual y colectivo que permite a las personas participar en el desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades.
Podemos pensar el derecho al desarrollo como un elemento transversal de las acciones y responsabilidades de los Estados para garantizar a todas las personas y comunidades una mejor calidad de vida y un mayor bienestar a través de su participación en todos los ámbitos de la vida política, económica, científica y cultural de las sociedades.
De ahí que el derecho al desarrollo esté vinculado al bienestar integral de las personas. Se trata de generar las condiciones en las que todas las personas se pueden beneficiar de los resultados producidos por el avance económico y científico y de que estos beneficios deben estar distribuidos de manera equitativa.
Uno de los programas más relevantes que buscan la realización del derecho al desarrollo es la Agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas en 2015.
La Agenda 2030 —un nombre con el que comúnmente nos referimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible— establece 17 objetivos y 169 metas, entre las que se encuentran reducir la pobreza extrema, las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como el VIH/SIDA, fomentar una alianza mundial para el desarrollo y erradicar las desigualdades de género, entre otros, y que los países signantes deben lograr para el año 2030.
SABÍAS QUE…
En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamados también Agenda 2030. Se trata de un primer esfuerzo global de llevar a cabo las acciones encaminadas a elevar, de manera simultánea, el nivel de vida de las personas alrededor del mundo. Estos Objetivos permiten fijar políticas, acciones y decisiones que ayudan a aclarar cuáles son las políticas que los gobiernos deberían impulsar, más allá de las ideologías o caprichos de cualquier gobernante.
Si fueras la Presidenta o el Presidente de tu país, ¿cuál de todos estos Objetivos es tu favorito? ¿Cuál crees que resulta fundamental priorizar para generar mayor bienestar a tu comunidad?
SABÍAS QUE…
Quieres saber más? ¿Cómo puede ser que ya en el siglo XXI todas las personas no tengan todos los derechos? ¿Lo has pensado?
Mira este video que Naciones Unidas ha elaborado para que aprendamos más, entendamos los riesgos de seguir ignorando los problemas más acuciantes de nuestras sociedades y tomemos acciones urgentes para cambiar la condición en la que viven muchas personas en nuestro planeta.
Como puedes ver, se trata de un proyecto muy ambicioso —pensado a gran escala— que exige de los gobiernos una actuación coordinada y firme a favor de la mejora de las condiciones de vida de las personas en todo el mundo y que, al mismo tiempo, les obligan a tomar las medidas necesarias para proteger el medioambiente, ampliar los derechos las personas e incluso acciones concretas contra el cambio climático. A esta última obligación hace referencia el término “sostenible” que articula la apuesta por satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y, de esta manera, mientras las agencias de la cooperación internacional recalcan la necesidad de que los gobiernos hagan cosas para cuidar el planeta, para garantizar los derechos de todas y todos para ser iguales y mejorar las condiciones de bienestar, cada uno de nosotros y nosotras podemos hacer mucho en nuestra acción cotidiana. ¿Lo has pensado? Tu acción cotidiana, lo que tu hagas cada día, puede cambiar las cosas. Mira cómo Greta Thurnberg alzó la voz para reclamar acciones concretas frente al cambio climático. ¿Y tú qué acciones concretas, colaborativas y pacíficas podrías hacer en tu colonia para reclamar por estos derechos?
La capacidad de los seres humanos de mejorar su relación con el planeta que habitamos está en el centro de la preocupación de muchas personas, en especial de las personas jóvenes que advierten los peligros de la explotación desmedida de los recursos naturales que las civilizaciones humanas han realizado a lo largo de los siglos.
La sobreexplotación ha llevado al desgaste de los ecosistemas de la Tierra, a la pérdida de su capacidad de mantener el equilibrio y a los cambios en el clima y en la biosfera.
SABÍAS QUE…
Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global.
Cuando Greta tenía 15 años, antes de las elecciones parlamentarias y para exigir al gobierno acciones firmes en contra del cambio climático, decidió protestar sentándose en las afueras del Riksdag (Parlamento sueco) todos los días durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía Skolstrejk för klimatet (“Huelga escolar por el clima”).
Después de las elecciones, continuó protestando cada viernes. Poco a poco sus acciones lograron difusión a nivel mundial, inspirando a jóvenes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles. En diciembre de 2018, más de veinte mil estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países, incluyendo: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Uruguay.
Estos cambios, a su vez, perjudican el bienestar de la humanidad, pues cada vez son más frecuentes las catástrofes naturales que privan a la gente de la vida, de la salud, de los alimentos y de las posibilidades de vivir una vida sin riesgos.
Es por ello que las organizaciones internacionales, en especial las Naciones Unidas, han reconocido el derecho al medioambiente, entendido como el derecho que toda persona tiene a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, adecuado para garantizar su salud y su bienestar, y a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones (Resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, aprobada en el Forum de Monterrey, México, en 2007).
La conciencia de que el bienestar de la humanidad en general y de las personas en lo individual depende de nuestra capacidad de mantener el equilibrio entre la persecución de los objetivos del crecimiento económico y la necesidad de cuidar nuestro entorno es cada vez una expectativa más compartida por muchas personas.
Estos dos objetivos no tienen porque ser contradictorios, sino que, al cambiar nuestro enfoque y nuestras prioridades, y al fortalecer los lazos de solidaridad y de colaboración, podemos abrirnos a las oportunidades de mejorar la calidad de vida de todas las personas sin sacrificar por ello nuestro propio futuro
EN RESUMEN
- El derecho al desarrollo es un derecho humano que reconoce todo derecho humano para la mejora constante del bienestar.
- La idea del “desarrollo sostenible” sostiene que es indispensable que el derecho al desarrollo se armonice con la protección al medioambiente. Solamente de esta manera podemos mejorar las condiciones de vida de las personas, sin sacrificar por ello las posibilidades de supervivencia y desarrollo de las generaciones futuras.
- Los órganos internacionales de Derechos Humanos ya se han pronunciado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Derecho a la educación
El derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales para permitir a las personas alcanzar un desarrollo pleno, libre y autónomo, y garantizarles las posibilidades de participar en todos los ámbitos de la vida colectiva de nuestras sociedades. El derecho a la educación implica el acceso a una educación básica gratuita obligatoria para todas las personas y a un acceso equitativo a la educación superior. Para que se pueda acceder a este derecho deben darse una serie de condiciones que tienen que ver con la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Esto quiere decir que el Estado debe procurar una cantidad importante y suficiente de escuelas —con infraestructuras adecuadas— para que todas las personas (niñas y niños; jóvenes, adultos) puedan acceder a una educación de calidad. También significa que esta infraestructura debe estar cercana a las personas y que debe procurar el acceso a todas sin ningún tipo de discriminación. Otro elemento importante es que las estrategias educativas tengan capacidad de adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades así como también que sean sensibles a la diversidad de las y los estudiantes. Finalmente, resulta clave que la manera en que se enseña, los métodos de aprendizaje y los contenidos educativos sean aceptables, pertinentes y de buena calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen, condiciones y características (Conde Flores et al., 2015: 66).
Este derecho está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por otros instrumentos internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño . El marco internacional establece las responsabilidades de los Estados para garantizar la educación gratuita y accesible para todas las personas, pero, en especial, para niños y niñas. La importancia de garantizar el acceso a la educación para las personas menores de edad obedece a que sea una de las herramientas más efectivas para generar los cambios sociales y para fortalecer la igualdad entre las personas. Como decía el político, filósofo y abogado mexicano José Vasconcelos, quien llegó a ser Rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (1920—1921) y Secretario de Educación Pública de México (1921—1924), “sólo los libros sacarán de la barbarie a este país”.
Como decía el político, filósofo y abogado mexicano José Vasconcelos, quien llegó a ser Rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México (1920—1921) y Secretario de Educación Pública de México (1921—1924), “sólo los libros sacarán de la barbarie a este país”.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso efectivo a la educación para todas las personas, pero esta obligación es distinta en relación con los diversos niveles educativos que existen en los sistemas educativos contemporáneos. Así, los gobiernos deben garantizar el acceso a la educación primaria gratuita a cualquier niño o niña, sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento, religión, color de piel o cualquier otro tipo de discriminación. La educación secundaria debe estar accesible y disponible, es decir, todas las personas que quieran cursar la secundaria deben tener esta oportunidad.
Finalmente, resulta clave que la manera en que se enseña, los métodos de aprendizaje y los contenidos educativos sean aceptables, pertinentes y de buena calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen, condiciones y características (Conde Flores et al., 2015: 66).
SABÍAS QUE…
Malala Yousafzai era una niña que adoraba la escuela, vivía en el valle de Swat en Khyber Pakhtunkhwa, al noroeste de Pakistán, cuando un grupo de hombres que se denominan como “talibanes” que controlaban el gobierno local prohibieron a las niñas asistir a la escuela. Malala pensó que eso era injusto y decidió quejarse por ello en la televisión. Ella creía que “la educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder”.
Dos días después, cuando Malala se subió al autobús escolar para ir a la escuela, dos talibanes pararon el bus y le dispararon en la cabeza. Malala sobrevivió y se convirtió en una luchadora por los derechos a la educación de las niñas y niños bajo la idea de que son los libros y lápices las armas más poderosas. “Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”. Malala recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la igualdad.
Malala Yousafzai: Cambiando el mundo Naciones Unidas, s/f
A pesar de la importancia de la educación y de la obligación de los Estados de garantizarla, de acuerdo con los datos de la organización Human Rights Watch , en 2019, 260 millones de niños y niñas alrededor del mundo no han podido asistir a la escuela. La mayoría de las niñas y niños sin acceso a la educación vivieron en condiciones de pobreza o en zonas de conflictos. Asimismo, las personas menores con discapacidad con frecuencia enfrentan dificultades en el acceso a la educación, y las niñas son particularmente vulnerables ante la deserción escolar debido al acoso sexual, matrimonio infantil y discriminación en razón de género. En los últimos años, la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 ha tenido un impacto negativo en el acceso a la educación alrededor del mundo, pero en especial en las sociedades de bajos recursos. Según los datos de la UNESCO , más de 1,200 millones de niñas y niños en el mundo han sido afectados por el cierre de las escuelas y por las desigualdades en el acceso a las tecnologías y recursos necesarios para la educación a distancia (conexión a Internet, acceso a una computadora o tableta o a la electricidad).
EN RESUMEN
- El derecho a la educación garantiza la posibilidad de recibir la instrucción formal a las niñas y niños, sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento, religión, color de piel o cualquier otro tipo de discriminación.
- La educación como derecho humano debe contribuir al desarrollo pleno de las personas, abriéndole la mente para conocer, entender, compartir, tolerar, discernir, criticar, movilizarse y participar en su comunidad.
- La educación es una de las herramientas más efectivas para lograr los cambios sociales y fortalecer la igualdad entre las personas
Derechos a la libertad y a la autonomía
La autonomía es “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2011). Se trata de un derecho inalienable que, además de ser un derecho en sí mismo, es el fundamento para el reconocimiento y ejercicio de otros derechos. Este derecho nos permite ejercer nuestra libertad y tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que alguien más decida por nosotros. Implica reconocer que todas las personas tienen el derecho de decidir sobre sí mismas conforme a sus valores, motivos y razones, ejerciendo así su agencia.
Podemos distinguir entre distintos tipos de autonomía: la corporal (física), la económica, la decisional y la política.
La autonomía corporal implica la capacidad de las personas de decidir, de manera libre, sobre su propio cuerpo: sobre los tratamientos médicos a los que desea (o no) someterse, sobre si tener hijos (o no), sobre si tener o no relaciones con otra persona, entre muchos otros aspectos de control sobre nuestro cuerpo.
En muchos sentidos podemos decir que la autonomía corporal es indispensable para poder ejercer las otras autonomías y derechos, pues sin control sobre nuestros cuerpos difícilmente podemos tener el control sobre cualquier otro aspecto de nuestras vidas.
La autonomía económica hace referencia a la capacidad de las personas de generar recursos propios y de poder decidir sobre cómo estos se ejercen. Implica tener la posibilidad de decidir sobre sí y en qué una o uno desea trabajar, sobre cómo emplear los recursos económicos y materiales de los que se dispone (por ejemplo, poder decidir si se quiere comprar un coche, abrir una cuenta bancaria, o qué hacer con la herencia que se recibe o deja). La autonomía decisional habla de la capacidad de las personas de tomar libremente las decisiones cotidianas, como aquellas relativas a la realización de las tareas de cuidado, de poder desplazarse libremente, de poder elegir quién ser y cómo ser, de poder viajar y emigrar incluso a otros sitios cuando sus expectativas de vida o las condiciones en las que viven no les alcance y les lleve a otros sitios. Migrar es un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 14, reivindica claramente el derecho de las personas a moverse libremente y a buscar refugio y asilo en casos extremos donde su vida corre peligro.
Se puede hacer el bien, sin mirar a quién …
Las Patronas es un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona, en la localidad de Guadalupe, La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que desde 1994 dan alimentos y asistencia a migrantes en su paso por Veracruz; principalmente en las vías del tren conocido como La Bestia, donde lanzan víveres a los migrantes. Su trayectoria en la asistencia y defensa de derechos de los migrantes les ha merecido reconocimientos varios, tales como el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013.
En agosto de 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, después de la campaña en change.org que logró reunir más de 50 mil firmas de apoyo.
La autonomía política, finalmente, se refiere a las posibilidades que tienen las personas de participar en la toma de decisiones públicas que impactan sobre sus vidas y sus comunidades. Una persona desarrolla su personalidad incluso cuando se involucra activamente en lo que ocurre en su entorno. No estamos solos sino que, por el contrario, formamos parte de una comunidad y nos relacionamos con otros cuando decidimos sobre las cosas que le preocupan o necesita nuestra comunidad.
Desafortunadamente, y a pesar de la enorme importancia de la autonomía corporal, muchas personas no la ejercen plenamente. Son fundamentalmente las mujeres quienes se enfrentan a las limitaciones o a la pérdida de la autonomía corporal. Por diversas razones, entre ellas los valores tradicionales, las costumbres o porque el Estado se arroga un derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, ellas no siempre pueden tomar las decisiones que consideren oportuna sobre su cuerpo. Conforme al Informe sobre el Estado de la Población Mundial de 2021 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), casi la mitad de las mujeres en el mundo se ven privadas de su autonomía corporal. Este dato, que evidencia las profundas desigualdades de género que persisten en nuestras sociedades, hace patente también la falta de autonomía de las mujeres en los demás ámbitos de su vida. Esta no es una cuestión menor y es por ello que muchos Estados del mundo han tomado las riendas para impulsar medidas que permitan que las personas cuenten de manera efectiva con la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Por ejemplo, el 38% de los países han regulado de alguna manera el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y con ello al acceso al aborto en diferentes causales y períodos de tiempo o han tomado decisiones respecto a evitar la mutilación/ablación genital femenina con el fin de protegar a mujeres y niñas de esa práctica que violenta los derechos humanos (Belluchi y Norman, 2018: 48—49). Según los datos disponibles para 2016, a 200 millones de niñas y mujeres con vida se les había practicado mutilaciones genitales en 30 países de África, Medio Oriente y Asia. Según datos de UNFPA, si se mantiene esta práctica, las víctimas serán jóvenes de entre 15 y 19 años y alcanzará la horrorosa cifra de 20 millones en 2030 (Belluchi y Norman, 2018: 50).
EN RESUMEN
- La autonomía nos permite ejercer la libertad y tomar las decisiones sin temor a la violencia y sin que alguien más decida por nosotros.
- El derecho a la autonomía es el fundamento para el ejercicio de otros derechos humanos.
- Existen diferentes tipos de autonomía: corporal, decisional, económica, política.
Derechos a la identidad y no descriminación
El derecho a la identidad está asociado con los derechos a tener un nombre propio, una nacionalidad, una familia, una identidad jurídica (es decir, ser reconocido como persona por la ley) e incluso una cultura determinada. Sin embargo, en realidad, el derecho a la identidad no se puede equiparar con estos derechos y apela a una construcción más profunda de la identidad humana. El derecho a la identidad protege los atributos personales y las relaciones sociales significativas y conocidas de un individuo, que son todos aquellos elementos que distinguen a una persona de otros seres humanos (Altholz, 2007: 2).
¿Qué significa ello realmente? Que el derecho a la identidad nos permite desarrollar libremente nuestra personalidad, decidir quiénes queremos ser y con qué personas queremos desarrollar relaciones afectivas. El nombre, la nacionalidad y los lazos familiares son entonces una parte del derecho a la identidad, pero este no se agota en ellos. El derecho a la identidad implica que cada quien puede establecer su propia identidad sin que lo limiten en ello sus lazos familiares o expectativas sociales, y que esta identidad puede ser dinámica, es decir, puede cambiar a lo largo del tiempo.
Los Estados tienen la obligación de respetar, reconocer y proteger la identidad que libremente eligen las personas. El respetar la identidad significa que los gobiernos no pueden interferir en el proceso mediante el cual las personas construyen su identidad y no pueden imponer una identidad o algunos elementos de esta a un individuo. El reconocer la identidad exige de los gobiernos aceptar la identificación adoptada por las personas y crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollar su identidad libremente.
Finalmente, el proteger la identidad implica que los gobiernos tienen la obligación de impedir que cualquier persona o grupo de personas puedan interferir en el proceso de construcción de identidad de un individuo.
Las sociedades contemporáneas y los gobiernos con frecuencia niegan el derecho a la identidad de las personas. Lo hacen, por un lado, estereotipando, encasillando y discriminando a las personas en razón de algunas de sus características, como el género, la etnia, la apariencia, el color de la piel, su manera de hablar, su nacionalidad. Imaginate que por tu color de piel o tu nacionalidad no puedas sentarte en el autobús, opinar sobre lo que ocurre en tu ciudad o enamorarte de quién quieras. Este proceso afecta tanto el desarrollo de la personalidad e identidad propias, como la capacidad de las personas de realizar un plan de vida o los objetivos que consideran valiosos y relevantes.
Muchas veces hay sociedades y gobiernos que pretenden impedir a las personas elegir libremente su identidad, al negarles los mecanismos legales y otros necesarios para la articulación de los procesos identitarios.
Esto afecta fundamentalmente a las personas de la diversidad sexual, cuya identidad de género (la convicción personal de pertenecer a un determinado género), expresión de género (la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona con un género) y/o orientación sexual (la atracción sexual que una persona siete según el sexo y género de las personas por las que se siente atraída) resultan distintas frente a las dominantes en una sociedad.
El desarrollo de este derecho a la identidad también exige que las personas de la diversidad sexual —personas LGBTTTIQ+: lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersex, queer— puedan determinar libremente su identidad y expresión de género y sus preferencias sexuales, y que no deben ser objeto de discriminación. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 17/19 Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la que señaló su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A pesar de ello, aún no se ha adoptado un instrumento internacional específico, en el marco del sistema de las Naciones Unidas, dedicado a la protección de los derechos de las personas de diversidad sexual.
Sin embargo, su protección deriva del reconocimiento de los derechos humanos codificados en otros instrumentos internacionales de protección, incluyendo la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la dignidad, el derecho a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas. Todas las personas gozamos también el derecho a la no discriminación, que nos protege de ser discriminadas por cualquier motivo, como puede ser la raza, la cultura, el origen étnico, la nacionalidad, la orientación sexual, la religión, la discapacidad física, u otras características.
La discriminación se expresa de manera muy variada, incluso muchas veces de manera invisible. Las personas pueden ser discriminadas por razones y motivaciones diversas y también en diferentes grados de intensidad. Muchas veces las personas migrantes o las refugiados son discriminadas por otras personas que se sienten amenazadas por su presencia. Las mujeres y niñas migrantes incluso suelen vivir especialmente todo tipo de violencias.
Otras veces lo son quienes profesan creencias religiosas distintas a la que comparten la mayoría en una comunidad.
En algunas ocasiones las personas de la diversidad sexual son discriminadas por otras que son heterosexuales y que suelen reproducir actitudes homofóbicas que pueden derivar en delitos de odio . Incluso hay veces que nos discriminan por el color de nuestra piel, por nuestra manera de vestir o de hablar.
Los Estados tienen la obligación de adoptar las políticas y medidas necesarias para garantizar que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos —el derecho a la identidad y los demás derechos humanos— sin ser objeto de discriminación.
SABÍAS QUE…
Mujeres migrantes
Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 28 de junio de 2019
Dra. Alethia Fernández de la Reguera, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 28 de junio de 2019
EN RESUMEN
- El derecho a la identidad nos permite desarrollar libremente nuestra personalidad, decidir quiénes queremos ser y con qué personas queremos desarrollar relaciones afectivas.
- Los Estados tienen la obligación de respetar, reconocer y proteger la identidad que libremente eligen las personas.
Derechos a la igualdad
Cuando las sociedades no son igualitarias y, especialmente cuando las desigualdades son profundas, muchas personas no están en condiciones de ejercer sus derechos y/o de satisfacer sus necesidades básicas. En las sociedades desiguales, la desigualdad económica, vinculada con el ingreso que reciben las personas, se traduce en otras desigualdades como la disparidad en el acceso a la salud y a la educación, las posibilidades de las personas de vivir seguras, sin violencia, y en una vivienda digna. Todo ello impacta también en su capacidad de realizar sus objetivos de vida y afecta negativamente su capacidad de relacionarse con los demás, de participar en la cultura y en la vida pública. El derecho a la igualdad, entonces, refuerza la atención que debemos poner en la satisfacción de las necesidades básicas y de los derechos humanos como mecanismos para lograr este objetivo.
La desigualdad es un problema importante y ampliamente extendido alrededor del mundo. Para conocer la situación de las personas en distintos países, se ha elaborado un índice de pobreza multidimensional, que analiza las desigualdades en la salud, educación y nivel de vida. Los datos de las Naciones Unidas señalan que aproximadamente 1,300 millones de personas (el 22% de la población analizada en el reporte) viven en condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas, como el acceso al agua potable, a la alimentación adecuada, a la salud y educación. La mitad de esas personas son menores de edad, y la gravedad de la situación que enfrentan está vinculada con su género y etnia. La generación de este tipo de mediciones es muy importante para poder visibilizar los problemas de pobreza y desigualdad, y para poder atenderlos, pues lo que no se mide, no se puede resolver.
SABÍAS QUE…
El Colegio de México
El Colegio de México
La desigualdad es un problema importante también para la sociedad mexicana. En el Módulo 3 hemos dedicado un espacio importante para hablar de la falta de cohesión social, vinculada precisamente a las profundas desigualdades que persisten en nuestra sociedad y las consecuencias nefastas que esas carencias tienen sobre la convivencia y la paz del país. Sobre la construcción de la paz hablamos en el Módulo 6 pero es importante que vayas pensando las relaciones existentes entre estas dimensiones y la necesidad de pensarlas como un rompecabezas que interconecta diferentes partes entre sí.
EN RESUMEN
- El derecho a la igualdad es un derecho fundamental, necesario para garantizar a las personas el ejercicio de sus otros derechos.
- La igualdad debe ser reconocida en las leyes, pero también debe ser realizada a través de las políticas y decisiones públicas que garanticen a las personas la oportunidad real de ejercer sus derechos en igualdad con las y los demás.
Derecho a la justicia
Los tratados internacionales reconocen que todas las personas tenemos derecho a la justicia. ¿Qué significa tener ese derecho? Primero, el derecho a la justicia implica que todas las personas deben tener la posibilidad de presentar recursos legales cuando consideren que otra persona o el propio gobierno afectan sus derechos. Es decir, deben poder presentar una demanda o emplear otro mecanismo similar que obliga a las autoridades del Estado a analizar un caso y a garantizar que sus derechos sean protegidos. Para que esto sea posible, los Estados deben establecer mecanismos para la defensa de los derechos que sean accesibles para todas las personas y deben garantizar que las leyes sean justas e imparciales.
Segundo, el derecho de acceso a la justicia exige también que una persona que enfrenta cualquier proceso legal —penal o administrativo— debe recibir un trato igualitario ante los tribunales y cortes de justicia, y debe tener el derecho al debido proceso. El término debido proceso hace referencia a un conjunto de características con las que deben cumplir los procedimientos legales para garantizar los derechos a la defensa y a la justicia de todas las personas.
Piensa que una persona que se enfrenta a un proceso legal —porque, por ejemplo, fue acusada por un delito o fue tratada injustamente y demanda sus derechos— probablemente tiene miedo, está inquieta, quizá no entiende del todo en qué consiste el proceso legal que enfrenta o le faltan conocimientos jurídicos o lingüísticos para comprender las implicancias de lo que supone un acto o una decisión judicial.
Por el contrario, quienes imparten la justicia —las personas juzgadoras— y quienes se encargan de guardar el orden y hacer respetar la ley —la policía y el ministerio público— tienen amplios conocimientos de Derecho y de cómo funciona el sistema de la justicia. La persona que busca hacer valer sus derechos o que defiende su inocencia ante un tribunal se encuentra en una situación de desventaja y por ello debe recibir una protección especial por parte de laly, para garantizar que sus derechos (como la presunción de inocencia, el derecho a un audiencia, el derecho a la defensa, entre otros) sean siempre respetados.
SABÍAS QUE…
Aunque el acceso a la justicia debe ser igual para todas las personas, en la práctica es frecuente que quienes pertenecen a comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad no pueden ejercer plenamente este derecho por desconocimiento de sus derechos y las leyes, por falta de recursos económicos o del tiempo.
Los Estados y, en especial, las autoridades de impartición de justicia, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para erradicar las desigualdades y garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Un ejemplo de buena práctica de un mecanismo efectivo para fortalecer el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad es la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas que creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Defensoría ofrece los servicios gratuitos de asesoría legal y de defensa de los derechos a los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren. Las defensoras y los defensores que trabajan en esta institución tienen conocimientos no solo del derecho electoral, sino de las diversas lenguas y culturas.
Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, los Estados deben garantizar la igualdad e imparcialidad de las leyes y de todas las autoridades encargadas de aplicarlas. Asimismo, deben implementar los mecanismos y políticas que garanticen a todas las personas el acceso a la justicia de manera efectiva. Como pasa con muchos otros derechos, nuestra situación particular y nuestras características —la edad, el género, la etnia, el nivel educativo, el nivel socioeconómico— tienen un impacto en nuestra capacidad de ejercer el derecho a la justicia. Para las personas educadas es más fácil entender las normas legales o cubrir el costo de contratar a un representante legal. En cambio, las personas que pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad con frecuencia enfrentan dificultades para acceder a la justicia, por lo que requieren apoyo especial por parte de las instituciones (como el acceso a los servicios de traducción o defensa) para poder ejercer plenamente sus derechos
Son aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos (edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental), enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar.
Derecho a la salud
El derecho a la salud es un derecho a gozar de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias. Sin embargo, el derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano: lamentablemente, por el momento es imposible proporcionar protección contra todas las posibles causas de las enfermedades. El derecho a la salud es, entonces, el derecho a tener acceso a los diferentes servicios, instalaciones y bienes, así como de las condiciones de vida adecuadas que son necesarias para mantenerse lo más saludable posible.
Se trata de un derecho muy complejo que incluye no solo el acceso a los servicios de atención sanitaria, sino también a las condiciones que determinan nuestra salud, como el acceso al agua potable, a un saneamiento y una vivienda adecuados, a una alimentación adecuada, a unas condiciones laborales y medioambientales saludables y al acceso a la educación e información relacionadas con la salud, de acuerdo con los estándares establecidos en las recomendaciones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (E/C.12/2000/4 ).
La realización del derecho a la salud exige de los Estados proveer a todas las personas la atención médica que sea disponible (en suficiente cantidad y con una distribución territorial adecuada), accesible (todas las personas, sin importar sus condiciones y situación, deben contar con el acceso a los servicios), aceptable (los servicios de salud deben ser adecuados desde la perspectiva cultural y ética médica) y de calidad (los servicios médicos deben ser médicamente y científicamente apropiados y de buena calidad).
En el ejercicio del derecho a la salud son fundamentales dos aspectos: la información y la capacidad de decisión. Las personas deben tener el acceso a la información sobre su propia salud y sobre las opciones de tratamiento existentes para poder tomar decisiones informadas y que mejor les convengan para el cuidado de su salud y el alcance de otros objetivos vitales que puedan tener. Hay que reconocer que el ejercicio del derecho a la salud está afectado por las características y condiciones de vida de las personas. En ese sentido, una lectura de la interseccionalidad de las personas cruza — una vez más— las oportunidades de las personas de satisfacer las necesidad de salud.
En el ejercicio del derecho a la salud son fundamentales dos aspectos: la información y la capacidad de decisión. Las personas deben tener el acceso a la información sobre su propia salud y sobre las opciones de tratamiento existentes para poder tomar decisiones informadas y que mejor les convengan para el cuidado de su salud y el alcance de otros objetivos vitales que puedan tener. Hay que reconocer que el ejercicio del derecho a la salud está afectado por las características y condiciones de vida de las personas. En ese sentido, una lectura de la interseccionalidad de las personas cruza — una vez más— las oportunidades de las personas de satisfacer las necesidad de salud.
Además de las dificultades que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es importante reconocer que el género es uno de los elementos fuertemente diferenciadores, y a distintos niveles.
El ejercicio de la medicina tiende, todavía, a invisibilizar la situación específica de las mujeres y de las personas trans, por lo que con frecuencia hacen falta datos y conocimiento sobre algunas enfermedades, tratamientos o procedimientos y su desarrollo y efectos en función del género: la mayoría de las investigaciones y pruebas clínicas alrededor del mundo se realizan tomando en cuenta a los varones como pacientes universales. Las mujeres y las niñas enfrentan mayores dificultades en el acceso a los servicios de salud, lo que está relacionado con la discriminación y violencias estructurales que viven en nuestras sociedades. Finalmente, es común que muchas mujeres no tengan la capacidad y oportunidad de cuidar de su salud sexual y reproductiva, derivado de las restricciones impuestas por la sociedad y de la falta de la educación adecuada y del acceso a los medios idóneos de cuidado
EN RESUMEN
- El derecho a la salud significa tener el acceso a los servicios y condiciones de vida necesarias
para que todas las personas nos mantengamos lo más saludables posible. - El ejercicio del derecho a la salud implica que las personas debemos estar en condiciones
de tomar las decisiones relativas a nuestra propia salud. Esto exige que las personas tengan
acceso a la información sobre su estado de salud y sobre los tratamientos disponibles.
Derecho a la vida y a la seguridad ciudadana
El derecho a la vida es el derecho humano más básico, más fundamental: es el derecho a tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida y a que esta no sea interrumpida por nadie. A partir de este derecho se puede ejercer cualquier otro derecho humano, pues hay que estar vivo para poder votar, ejercer la libre expresión, gozar de bienestar o definir su identidad. Es un derecho absoluto, es decir, un derecho que no puede ser suspendido, limitado o infringido por ninguna razón ni bajo ninguna circunstancia, ni siquiera durante un estado de emergencia (otros derechos absolutos son la libertad de pensamiento, conciencia y religión y la prohibición de la tortura, los tratos o penas inhumanos y los tratos o penas degradantes).
El derecho a la vida significa que nadie, ni siquiera un gobierno, puede intentar acabar con tu vida. También significa que el gobierno debe tomar las medidas apropiadas para salvaguardar la vida de todas las personas, elaborando leyes para protegerla y, en algunas circunstancias, tomando medidas para protegerte si tu vida está en peligro. Las autoridades públicas también deben tener en cuenta tu derecho a la vida cuando tomen decisiones que puedan ponerte en peligro o que afecten a tu esperanza de vida.
La protección del derecho a la vida implica que los Estados no pueden privar de la vida a una persona, ni siquiera a alguien que hubiese cometido un crimen grave. Los tratados internacionales de derechos humanos prohiben la pena de muerte y, gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, cada vez son menos los países que la mantienen en su legislación y todavía menos aquellos que la aplican. Aún así, de acuerdo con los datos de la Amnistía Internacional , 55 países en el mundo mantienen la pena de muerte en su legislación. Esto afecta -sin duda- los derechos de las personas.
Tener el derecho a la vida implica también tener el derecho a la seguridad: todas las personas tenemos el derecho a vivir sin miedo a los ataques, a perder la vida, al arresto arbitrario, a los actos violentos, a la detención o a los interrogatorios coercitivos.
La protección de este derecho exige que el Estado tome medidas adecuadas para proteger y garantizar la seguridad (tanto física como mental) de todas las personas, y lo hace a través de la labor de la policía y los servicios de emergencia, entre otros. La protección del derecho de la vida y a la seguridad es la obligación de los Estados no sólo respecto de sus ciudadanos y ciudadanas, sino respecto de cualquier persona. Es por ello que los seres humanos tenemos derecho al asilo, especialmente aquellas personas que ven peligrar su vida y deben huir de su país para encontrar un lugar seguro en el que tener un futuro. Y, aunque no lo creas, esto ocurre muchas más veces de lo que uno se imagina.
Las personas desplazadas o refugiadas, tanto internamente como internacionalmente (al interior de su propio país o quienes huyen de su país hacia uno distinto, debido, por ejemplo, a la violencia o catástrofes naturales), tienen derecho al reconocimiento de su situación, a no ser devueltos a su país de origen, y a tener el acceso a los servicios de salud, a la libertad de circulación, a la educación, al trabajo, a la libertad de pensamiento, culto y expresión, entre otras.
EN RESUMEN
- El derecho a la vida es el derecho a tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida y a que esta no sea interrumpida por nadie.
- El derecho a la seguridad significa vivir sin miedo a los ataques, a la pérdida de la vida, al arresto arbitrario, a la detención o a los interrogatorios coercitivos.
