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EL ACCESO A LA JUSTICIA
¿QUÉ ES EL ACCESO A LA JUSTICIA?
El acceso a la justicia es la capacidad de las personas de buscar y obtener un recurso -por ejemplo, un juicio- a través de las instituciones formales o informales de justicia para exigir que se les reconozcan y protejan sus derechos. Se trata de un principio básico del Estado de Derecho: sin acceso a la justicia, las personas no pueden defender sus derechos y no pueden frenar los abusos que sufren por parte de los órganos estatales, las autoridades u otras personas.
Para que el acceso a la justicia sea efectivo para todas las personas, es necesario que los gobiernos tomen medidas que permitan el acceso más amplio posible a la justicia, promuevan la educación sobre derechos y la cultura de la legalidad, proporcionen la representación legal gratuita y adecuada, así como el trato justo e igualitario para las personas que acuden a los tribunales. El hecho de que las personas conozcan, valoren y defiendan que exista un Estado de Derecho no es una cuestión menor. Es la savia que garantiza que, esa manera de regular la convivencia, persista. Para promover la cultura de la legalidad y ser responsables con lo que ocurre en nuestra comunidad es importante partir de estos principios:
- Interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan.
- Respetar las normas.
- Rechazar y denunciar los actos ilegales.
- Colaborar con las dependencias del sistema de seguridad y procuración de justicia.
Sin embargo, el sistema judicial no siempre funciona bien para todas y todos y a veces la gente no puede acceder a la justicia. Muchas veces la gente no conoce sus derechos y eso hace que no le parezca importante luchar por ellos. Es más, algunos sectores de la comunidad son mucho más vulnerables que otros. No hay acceso a la justicia cuando la ciudadanía (especialmente los grupos marginados) temen al sistema, lo ven como algo ajeno, no confían en las personas que ejercen la justicia y no acceden a él por miedo de sufrir mayores abusos o injusticias. Tampoco lo hay cuando el sistema de justicia es económicamente inaccesible, cuando las personas no cuentan con apoyo de especialistas (abogados/as), cuando no tienen información, recursos o conocimiento de los derechos y de la manera en que deben proceder para que se atienda y resuelva su caso o cuando hay un sistema de justicia débil. Cuando esto ocurre, las personas se encuentran indefensas frente al Estado y frente a las violaciones a sus derechos.
Por el contrario, cuando el acceso a la justicia es un derecho adecuadamente garantizado en una sociedad, las personas pueden con facilidad obtener la información correcta sobre la ley y cómo se aplica a ellas, entender cuándo tienen un problema legal y saber qué hacer al respecto, obtener la ayuda adecuada para un problema legal (por ejemplo, de abogado/a) y ser capaz de entender el resultado, y asegurarse de que su voz es escuchada cuando se hacen las leyes.
EN RESUMEN
- El acceso a la justicia es la capacidad de las personas de buscar y obtener un recurso a través de las instituciones formales o informales de justicia para exigir que se les reconozcan y protejan sus derechos.
- El acceso a la justicia es un principio fundamental del Estado de Derecho.
¿CÓMO DEBE SER EL ACCESO A LA JUSTICIA?
La democracia promete a la ciudadanía una justicia igualitaria ante la ley. Pero para muchas personas que enfrentan dificultades y problemas legales -situaciones tan graves como desahucios, ejecuciones hipotecarias, cobros de deudas, despidos, denegación de prestaciones, denegación de asistencia sanitaria, violencia, abuso, explotación, divorcio, crisis financiera, y tan sencillas como multas de tráfico-, la promesa de una justicia igualitaria no se cumple. La complejidad de la ley y de los procesos legales, la desigualdad entre la gente común y los adversarios poderosos (como el gobierno, las empresas, los bancos), los costos de contratar a un/a abogado/a, el miedo que muchas personas tienen a la autoridad gubernamental, la creencia de que el sistema es parcial y está amañado en su contra… estos y muchos otros obstáculos se interponen en el camino de la justicia.
Garantizar el acceso efectivo a la justicia para toda la población no resulta una tarea sencilla, sino que requiere de importantes esfuerzos por parte del Poder Judicial, de todo el gobierno y también de cada uno y cada una de nosotros y nosotras que considera que ese es un valor en sí mismo. El acceso a la justicia se compone de una serie de elementos que pretenden garantizar su efectividad. En primer lugar, es necesaria la existencia de un Poder Judicial competente, pronto, expedito e imparcial, que imparta justicia a través de tribunales accesibles (hablaremos de eso en el siguiente apartado). En segundo lugar, los procedimientos judiciales deben ser eficaces, próximos y asequibles. En tercer lugar, se requiere de igualdad de todas las personas frente a la ley. De ahí que sea tan importante tomar en consideración que las personas somos diversas y enfrentamos múltiples desigualdades.
El acceso a la justicia debería ser gratuito o, de ser necesario, las cuotas establecidas por este no deberían constituir una barrera para la presentación de un caso ante un tribunal. La necesidad de pagar una cuota para poder presentar una demanda puede resultar un impedimento que excluya a significativas porciones de la población del acceso a la justicia.
Por ello es fundamental que el Estado garantice el acceso gratuito o mecanismos que eliminen esta carga para las personas que no están en condiciones de solventarla. También debe garantizarse la representación y/o asesoría legal que, además, debe estar al alcance económico, social y cultural de las personas.
El acceder a la justicia tampoco debería implicar la necesidad de trasladarse a otras localidades (y gastar en ello).
No es correcto que los juzgados y las estaciones de policía sólo existan en zonas urbanas y pobladas, dejando al resto del país sin acceso adecuado al sistema de justicia formal. Facilitar el acceso a la justicia implica llevar a jueces, fiscales, abogados defensores, personal administrativo de los tribunales (incluidos los traductores) y policías a las zonas donde el sistema de justicia ha dejado de funcionar, por ejemplo, a través de un sistema de tribunales móviles.
La igualdad implica que todas las personas que lo necesiten deban tener posibilidades de acceder a la justicia y que los gobiernos deben eliminar las barreras que impiden su uso. El acceso efectivo a la justicia puede ser particularmente difícil para las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad. Las personas de escasos recursos, sin acceso a la educación formal, que no hablan la lengua oficial, que tienen alguna discapacidad, están privadas de su libertad o pertenecen a grupos minoritarios, con frecuencia enfrentan dificultades para lograr presentar sus casos ante un tribunal y para recibir protección de sus derechos. Para mejorar su situación, en 2008 la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Brasilia (Brasil), adoptó un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las 100 reglas de Brasilia incluyen, entre otras, derechos a la asistencia legal, a un intérprete, a comprender el alcance y significado de las decisiones judiciales o a que se protejan sus datos, imagen e intimidad.
EN RESUMEN
- El Estado debe garantizar a todas las personas el acceso a la justicia pronta, imparcial, expedita, impartida por tribunales accesibles.
¿CÓMO DEBEN SER LAS INSTITUCIONES QUE GARANTIZAN EL ACCESO A LA JUSTICIA?
El garantizar el acceso a la justicia es un desafío complejo y requiere de instituciones sólidas y comprometidas con la protección de los derechos humanos y valores democráticos. Los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben respetar los límites constitucionales y mantener constantes esfuerzos para garantizar los derechos y las libertades de las personas, y para mantener los equilibrios entre los poderes necesarios en una democracia. El Poder Judicial juega un papel central en asegurar el acceso a la justicia para todas las personas. Son las Cortes y los Tribunales los órganos estatales encargados de impartir la justicia, para lo cual deben cumplir con altos estándares en su desempeño, en particular en relación al profesionalismo, objetividad e imparcialidad.
¿Cómo asegurar que los órganos de justicia cumplan su papel adecuadamente? Para que esto ocurra, las democracias tienen que adoptar diseños legales eficientes, asegurar la calidad de los procesos de designación de quienes integren los órganos de justicia, incorporar los mecanismos que promuevan su independencia y adoptar las políticas públicas que permitan su actuación eficaz. Pero, ¿qué significa todo eso?
Karl Popper, un filósofo austriaco, solía decir que las instituciones deben ser como los barcos: bien diseñados y bien tripulados. El diseño de las instituciones es fundamental, pues si estas no cuentan con las facultades necesarias o éstas no son lo suficientemente robustas, no serán capaces de desempeñar sus funciones. En el caso de los órganos de justicia, el diseño legal abarca tanto las decisiones sobre la estructura del Poder Judicial como sobre los mecanismos que el sistema establece. Los países democráticos suelen tener un tribunal constitucional encargado de revisar si las leyes adoptadas cumplen con la Constitución y con los tratados internacionales, una Suprema Corte que se dedica a revisar las decisiones de las instancias inferiores, así como una estructura de tribunales especializados (por ejemplo, en los asuntos laborales, fiscales o administrativos) y otros más a cargo de la resolución de las disputas entre las personas (tribunales civiles) y de impartir la justicia penal. En algunos casos -como el mexicano- las funciones del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte las ejerce un sólo órgano (en nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Los países federales -también como México- cuentan con una estructura compleja que abarca los órganos de justicia a nivel estatal y federal.
En cuanto a los mecanismos de acceso a la justicia, los países democráticos suelen establecer una amplia gama de estos, para asegurar que todas las personas puedan presentar ante el Poder Judicial todo tipo de demandas o controversias y que, incluso, lo puedan hacer las propias autoridades. Así, con frecuencia podemos encontrar mecanismos que permiten defender los derechos de las personas frente a las instituciones del Estado (como el amparo), para buscar justicia en los casos de conflictos entre particulares (demandas civiles) o en casos de crímenes y delitos (demandas penales). Las autoridades estatales cuentan con mecanismos especiales para usar cuando sospechan que una ley puede ser violatoria de la Constitución (acciones de inconstitucionalidad) o cuando entran en conflicto con otras autoridades, por ejemplo sobre cuál de ellas es competente para llevar a cabo ciertas actividades (controversias constitucionales). Por supuesto, todos estos mecanismos deben estar previstos por la legislación.
Los países, especialmente los pluriculturales, con frecuencia reconocen mecanismos de impartición de justicia tradicionales. Estos mecanismos derivan su legitimidad de fuentes tradicionales, consuetudinarias o religiosas y a menudo ayudan a resolver disputas porque el sistema estatal -operado por el Poder Judicial- no llega a toda la comunidad; la población considera que los mecanismos tradicionales son más legítimos y eficaces, o el volumen de casos puede ser demasiado grande para que el sistema judicial lo procese. En México, por ejemplo, muchas de las comunidades indígenas cuentan con mecanismos propios de resolución de conflictos y solo cuando estas no funcionan, acuden ante el Poder Judicial.
La tripulación de los barcos, o quienes integran el Poder Judicial, tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder desempeñar de manera adecuada sus funciones. Por supuesto, tienen que ser abogadas y abogados, es decir, haber concluido los estudios de Derecho; sin ello, no es posible ser juzgador/a, procurador/a o defensor/a. Además, dependiendo de los puestos específicos, se exige que las personas tengan cierta experiencia en los cargos previos (por ejemplo, para integrar las Cortes Supremas se requiere de una mayor experiencia que para ocupar funciones en un juzgado menor). También es común que para desempeñar ciertas funciones, como ser juzgadores/as o defensores/as, las personas tengan que presentar un examen especializado mediante el cual se revise que tengan conocimientos especializados y profundos. Para acceder a los cargos más altos dentro de la carrera judicial suelen implementarse además procedimientos que involucren la participación de los otros poderes -Ejecutivo y Legislativo- para dotar de legitimidad a quienes encabecen el Poder Judicial de un determinado país.
Para garantizar la independencia de quienes integran el Poder Judicial se suelen implementar, además de los mecanismos que garantizan los conocimientos y el expertise de sus miembros, algunas medidas adicionales, como periodos extensos de ejercicio de las funciones (en algunos casos pueden ser puestos vitalicios, como pasa con quienes integran la Corte Suprema de los Estados Unidos), la inamovilidad (imposibilidad de remover a una persona juzgadora de su función) o la inmunidad (no pueden ser sancionados o encarcelados por las decisiones que toman).
EN RESUMEN
- La libertad es un concepto antiguo que fue evolucionando y se ha convertido en una conquista de la humanidad.
- La libertad es la idea que considera que las personas deben ser autónomas, ser agentes de sus propias vidas y deben, entonces, poder tomar sus propias decisiones para vivir la vida como mejor les parezca.