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EL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO
En este módulo hemos hablado de qué es el Estado de Derecho, sobre cómo debe operar y qué tan importante es para la democracia.
Seguramente te estarás preguntando, entonces, ¿cómo opera el Estado de Derecho en nuestro país? Es una pregunta muy importante y compleja para responder, pues, como verás más adelante, México cuenta con todos los mecanismos e instituciones necesarias para garantizar el Estado de Derecho, aunque su funcionamiento práctico no siempre corresponde al ideal deseado.
Esta es una evidencia de cómo muchas veces las leyes solas no consiguen cumplir con los objetivos de quienes las redactan y que su aplicación e implementación resulta tan importante como el mismo hecho de que estén bien redactadas.
LA LEGALIDAD DE LAS LEYES Y DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO.
Hemos dicho que un elemento fundamental del Estado de Derecho es la legalidad, es decir, que todas las leyes adoptadas y todas las decisiones tomadas por el gobierno deben seguir ciertos principios formales y deben siempre, en su contenido, respetar la Constitución y los tratados internacionales así como también los derechos humanos. En México, nuestra Constitución -en su primer artículo- reconoce los derechos humanos y señala que su protección es el deber de todas las instituciones del Estado.
Establece también los principios de legalidad, de supremacía constitucional, de respeto a los tratados internacionales y, por supuesto, de separación de poderes. A través de estos mecanismos, se garantiza el orden legal en nuestro país y se establece un sistema de vigilancia mutua entre las tres ramas de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, la Constitución de México incorpora el sistema de control de las leyes y de la actuación de las autoridades estatales. Las distintas instancias del Poder Judicial -los juzgados de distrito, los tribunales de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- se dedican a resolver las disputas entre las personas y garantizar que las decisiones de las autoridades se apeguen a las normas. Las instancias tienen asignadas los ámbitos específicos de actuación, dentro de las cuales pueden corregir las decisiones tomadas por las dependencias gubernamentales e interpretar la ley y la Constitución. En este esquema complejo -que, además, se replica en cada entidad federativa- resultan particularmente las decisiones de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, pues los dos son los órganos de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial mexicano.
Recuerda que, como vimos en el apartado ¿Quién decide si las leyes son legítimas?, el control que realiza el Poder Judicial abarca tanto los aspectos formales como de contenido de las leyes y decisiones. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Por ejemplo, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó la reforma electoral aprobada por el Congreso de Baja California y, al analizar cómo fue el proceso de aprobación de esa ley, encontró que el Congreso no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y equidad. Por ello, la Corte ni siquiera analizó el contenido de las reformas aprobadas, sino que declaró la invalidez de la ley y la “borró” del sistema normativo de Baja California (Acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas).
Un ejemplo de cómo el Poder Judicial revisa el contenido de las normas puede ser el asunto de la diputación migrante en la Ciudad de México. En la Constitución de la CDMX se reconoció el derecho de las personas oriundas de la Ciudad que residen en el extranjero de votar y, además, de ser electas como representantes de su comunidad en el Congreso de la CDMX.
Sin embargo, poco antes de las elecciones de 2021, el Congreso de la Ciudad de México decidió, mediante una reforma, eliminar lo que se ha denominado como diputación migrante. Cuando algunas personas migrantes impugnaron esa decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, éste señaló que, aunque la reforma fue aprobada conforme al procedimiento legal, no puede ser válida. En la sentencia se revisó el contenido de la reforma y, como ésta restringía un derecho humano ya reconocido, fue declarada inconstitucional: se inaplicó esa reforma y se restablecieron las reglas anteriores, lo que permitió la elección de una diputación migrante en la CDMX (SUP-REC-88/2020).
Las decisiones que toman los órganos del Poder Judicial también pueden ser revisadas. Para eso existe una jerarquía entre los órganos de justicia, para que las decisiones de las instancias inferiores puedan ser revisadas por las instancias superiores. Solamente las decisiones de los órganos terminales -en México se trata del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– ya no pueden ser revisados o modificados por nadie más. Bueno, por nadie más en el sistema nacional de justicia, pues como vimos en el Módulo 4, las personas que buscan justicia pueden acudir ante las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un ejemplo de control de las decisiones que se da al interior del propio sistema de justicia es el caso de Alejandra Cuevas. La señora Cuevas fue acusada de “homicidio por omisión”, es decir, de no haber evitado la muerte de la pareja de su madre, quien estaba gravemente enferma. Fue encarcelada para esperar el juicio en su contra desde la prisión y durante 17 meses ella y su familia buscaron demostrar que ella no fue responsable de ningún delito y que no debería estar privada de su libertad. Finalmente, su caso fue analizado por la Suprema Corte dado que se presentaron juicios de amparo, en los amparos 541/2021 y 540/2021. La Corte decidió que las acusaciones y la decisión del juzgado de la Ciudad de México para encarcelarla no tenían razón de ser, pues hacían referencia a un delito no reconocido por la ley mexicana, por lo que ordenó su liberación inmediata.
EN RESUMEN
- En México, existen reglas constitucionales que garantizan el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, así como el sometimiento de las autoridades a la ley y a la propia Constitución.
- Nuestro país cuenta también con mecanismos que permiten al Poder Judicial realizar el control de las decisiones y actos de gobierno, incluyendo la validez de la legislación.
EL ACCESO A LA JUSTICIA
Como vimos en el apartado III, el acceso a la justicia es fundamental para que las personas puedan buscar la protección de sus derechos y ejercer el control sobre la actuación de las autoridades. En este sentido, se trata de un elemento clave para la existencia del Estado de Derecho. Te puedes imaginar que ahora mismo la gran pregunta que deberíamos responder tiene que ver con ¿cómo se da el acceso a la justicia en México?
La Constitución -en su artículo 17- y las leyes de nuestro país garantizan a todas las personas la posibilidad de acudir ante las distintas instancias del Poder Judicial para buscar la protección de sus derechos y resolver los conflictos que llegan a tener con otras personas o con las autoridades. Sin embargo, estos ideales de acceso a la justicia no siempre se convierten en realidad. No es poco frecuente que las ciudadanas y los ciudadanos enfrenten importantes dificultades al buscar la protección de la justicia. Los problemas son muchos. Es como si no hubiera interés de facilitar el acceso y el conocimiento respecto a cómo se ejerce la justicia.
Una de las dificultades importantes es el desconocimiento de la ley y de los mecanismos existentes que, con frecuencia, resultan muy complejos para las personas que requieren defensa de sus derechos. Muchas veces, además, acceder a la justicia puede suponer invertir recursos -como tiempo y dinero- de los que no disponen las personas para cubrir los honorarios de un o una representante legal, trasladarse a otra localidad para presentarse a las autoridades cuando son requeridas u obtener los documentos requeridos para la presentación de una demanda.
Estas dificultades se observan también cuando evaluamos la gran cantidad de personas que están privadas de la libertad pero no han recibido una sentencia firme, es decir, apenas están esperando que se desarrolle el proceso y que se dicte una sentencia en su caso. ¿Puedes imaginarlo? Personas que no se sabe si son culpables, es más, son “presuntos culpables”, y tienen que esperar encarcelados que la justicia les atienda.
De acuerdo con los datos del INEGI, casi una tercera parte de las personas que están presas no cuentan con una sentencia firme. El 24% de estas personas esperaron su sentencia -ya en prisión- por más de dos años y el 51.9% tardó entre seis meses y dos años en recibir la sentencia. Estos datos son escalofriantes y dan cuenta de algunos de los problemas graves que enfrenta la impartición de justicia en nuestro país.
Otro de los elementos que dificultan el acceso a la justicia es la situación socioeconómica de las personas. Las desigualdades afectan, por ejemplo, el acceso a la debida defensa. El INEGI reporta que más de la mitad de las personas sentenciadas a pena de prisión contaron únicamente con el apoyo de un defensor de oficio, frente al 25% de quienes fueron sentenciados pero contaron con un defensor privado. Destaca que el 73% de las personas encarceladas cuenta con niveles de educación básica, o no han tenido acceso a la educación formal, frente a tan solo 6% de personas con educación superior. Ese acceso desigual a la justicia tiene un fuerte componente clasista y discriminatorio.
Otro elemento importante para garantizar el acceso a la justicia es la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, los procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención judicial. Algunos de estos mecanismos consisten en la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos mecanismos son importantes para permitir a las personas obtener la justicia de manera más pronta, más creativa y, con frecuencia, más satisfactoria que a través de los mecanismos formales y tradicionales. Sus principales características son la informalidad, los menores costos (el más importante), la rapidez e, incluso, mayores resultados satisfactorios.
Las negociaciones permiten, en especial, lograr reparaciones de daño y evitar la escalada del conflicto, algo que resulta importante para las comunidades cohesionadas. Sin embargo, en México la implementación de estos mecanismos alternativos con frecuencia enfrenta obstáculos relacionados, por un lado, con la falta de normatividad adecuada, con la insuficiencia de los recursos y de personas preparadas para llevar a cabo estos procesos.
Estos mecanismos también se enfrentan a que, cuando se llevan a cabo mediante procedimientos tradicionales que mantienen los pueblos y comunidades indígenas y el resultado no es satisfactorio para alguna de las partes, no existen vías efectivas para acceder a la justicia formal.
Lamentablemente, todas estas deficiencias y obstáculos en el acceso a la justicia se han visto profundizados durante la crisis de la pandemia. Este contexto particular tuvo un impacto particularmente grave en ciertos sectores de la población, entre ellos, las mujeres.
EN RESUMEN
- La Constitución y las leyes mexicanas reconocen de manera formal el derecho de acceso a la justicia para todas las personas.
- En nuestro país existen numerosos obstáculos que impiden el acceso a la justicia, en especial, para las personas de escasos recursos, para quienes pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas e, incluso, para las mujeres.
¿MÉXICO ES UN ESTADO DE DERECHO?
El diagnóstico del funcionamiento del Estado de Derecho no es una tarea fácil ni está exenta de controversias. Es más, hay quienes responden a esta pregunta con sus propias ideas de cómo son las cosas más no tomando en cuenta los datos o los hechos. Esto es algo que siempre debes tener en cuenta. Tus evaluaciones y juicios se enriquecen siempre con lo que dicen los datos que miden la realidad. Y, es muy importante, que siempre revises el modo en que otros miden lo que ocurre y seas crítico y juicioso con esas herramientas. Como vimos en este Módulo, se trata de un fenómeno muy complejo, que abarca la existencia y funcionamiento adecuado de las reglas, de las leyes y de las instituciones estatales. Los datos y evaluaciones que recopilan las organizaciones de la sociedad civil y la academia evidencian, sin duda, que el Estado de Derecho en México enfrenta enormes dificultades y está lejos de ser pleno y eficiente.
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project es una muy buena herramienta para ayudarnos a responder nuestra inquietud. Este índice evidencia que nuestro país ha tenido pocos avances en el proceso de construcción de un Estado de Derecho robusto. El Índice evalúa ocho factores que considera claves para el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal.
De acuerdo con el Índice, los retos son grandes e importantes, en particular con relación a la protección de la libertad de prensa, la existencia de un espacio cívico y de seguridad pública. El Índice señala que entre el año 2019 y el 2021 se registraron leves mejoras en el funcionamiento del Estado de Derecho de 17 entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), empeoramiento en 5 entidades (Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz), y estancamiento en 10 (Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla).
Sabías que…
¿Cómo es el Estado de Derecho en México?
La organización World Justice Project analiza cada año el funcionamiento del Estado de Derecho en las entidades federativas de México. En este mapa puedes observar los resultados de este ejercicio: las entidades marcadas con el tono más intenso son las que cuentan con un Estado de Derecho más robusto (Yucatán y Coahuila), mientras que los estados más pálidos (Quintana Roo y Puebla) son los que enfrentan mayores desafíos para garantizarlo.
Las investigaciones evidencian también que los grandes retos del Estado de Derecho en México tienen que ver con el acceso a la justicia y con el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Sigue siendo un desafío que se respete la presunción de inocencia, la igualdad y que se de ausencia de discriminación, se garantice el trato digno, la debida defensa y el acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial.
Asimismo, resultan deficientes las capacidades de las fuerzas de seguridad y los ministerios públicos para reunir las evidencias y procesarlas de manera efectiva, para poder acreditar la responsabilidad por la comisión de los delitos y violaciones a los derechos humanos (Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021).
EN RESUMEN
- México cuenta con un marco legal adecuado -en su mayoría- para garantizar el Estado de Derecho. Sin embargo, el desempeño de las instituciones y las capacidades estatales afectan negativamente su funcionamiento práctico.
Los desafíos del Estado de Derecho
¿Por qué el Estado de Derecho en México resulta deficiente? En nuestro país están presentes distintos fenómenos que dificultan el funcionamiento adecuado de las instituciones y que perjudican la capacidad de las personas de llevar una vida satisfactoria y de gozar de plena protección del Derecho. Podemos identificar cinco factores clave que son responsables de las dificultades que tenemos para robustecer el Estado de Derecho: la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la opacidad y las desigualdades.
La corrupción es el uso del poder público para obtener un beneficio privado. Se puede dar en los distintos niveles organizativos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a nivel federal y/o local, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. La corrupción puede tomar muchísimas formas, como el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación o el nepotismo.
Cuando la corrupción está presente en una sociedad, el funcionamiento de las instituciones se ve gravemente afectado. La ciudadanía no logra acceder a los recursos, a los servicios públicos adecuados y de calidad, los sistemas de justicia no funcionan, las fuerzas de seguridad no protegen y la convivencia es compleja. La sensación de que unos se benefician de los recursos de manera irregular es extendida en la comunidad. La corrupción genera afectaciones a los derechos humanos de las personas, pues está acompañada de una merma en los recursos públicos disponibles para garantizar los derechos y debilita la capacidad de las instituciones de implementar la ley de manera plena y efectiva.
La impunidad es la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. Cuando existe la impunidad -usualmente asociada a la presencia de la corrupción- las personas responsables por los delitos o violaciones a los derechos humanos no son investigadas ni sancionadas por las instituciones estatales. En otras palabras, la impunidad es la incapacidad del Estado de implementar la ley de manera efectiva y de exigir la responsabilidad a cualquier persona que viole las normas. Esto ocasiona que la ciudadanía desconfíe de sus autoridades y que se sienta desprotegida.
México enfrenta graves problemas de impunidad. De acuerdo con los datos del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 que evalúa el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas de nuestro país y a nivel nacional, la probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca es de 1.32%.
La inseguridad es la ausencia de la seguridad, es decir, la situación en la que las personas perciben el peligro, se sienten expuestas o en riesgo a sufrir daños. En otras palabras, es la situación en la que las personas sienten temor de salir a la calle o moverse libremente -en especial en ciertas zonas u horarios- por miedo de ser víctimas de un delito.
La inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro los derechos y las libertades de las personas.
La inseguridad, además de afectar directamente los derechos de las personas -que con frecuencia son víctimas de los delitos-, también afecta negativamente el funcionamiento del Estado de Derecho. Cuando en una sociedad impera la inseguridad, las personas tienen miedo de desarrollar sus vidas libremente, de buscar la protección de las autoridades o de denunciar los delitos o violaciones a los derechos humanos.
BUENAS PRÁCTICAS
Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva
El Observatorio Nacional Ciudadano: Seguridad, Justicia y Legalidad realiza el seguimiento a las condiciones de seguridad, legalidad y justicia en México. Puedes consultar sus datos sobre tu localidad en la página web https://delitosmexico.onc.org.mx/
Asimismo, es frecuente que las y los funcionarios públicos también tengan miedo de actuar conforme a la ley y perseguir a las personas responsables por la comisión de los delitos porque se sienten (o están) amenazados por el crimen o las redes de corrupción.
SABÍAS QUE…
La inseguridad en México
La población mexicana reporta sentirse insegura en la mayor parte del territorio. En el mapa puedes observar cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad en su entidad federativa. Las entidades marcadas con tonalidades más claras son aquellas en las que las personas perciben menor inseguridad (Yucatán y Baja California Sur), mientras que las marcadas en tonalidades oscuras son donde la ciudadanía se siente muy insegura (Estado de México y Morelos).
La opacidad es otro de los factores que debilitan el Estado de Derecho. La opacidad es la ausencia de transparencia, es decir, la ausencia del conocimiento profundo y detallado de las decisiones y resoluciones y reglamentaciones tomadas por las administraciones y por los poderes del Estado, así como de sus motivaciones y justificaciones. Cuando la ciudadanía no conoce la ley ni sus derechos, no está en condiciones de exigirlos de manera efectiva. La opacidad favorece también los fenómenos de impunidad y corrupción, pues no permite un escrutinio efectivo de las decisiones y actuaciones gubernamentales. La opacidad no permite identificar quién tiene que hacer qué y cómo debe hacerlo y, la ausencia de identificabilidad, limita las posibilidades de rendición de cuentas y de ejercer control político. De ahí que todas las iniciativas para generar mejores condiciones de justicia abierta siempre sean bienvenidas.
Para combatir la opacidad y garantizar el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho es necesario que las personas puedan acceder a la información precisa y sencilla sobre las reglas que rigen a nuestra sociedad, que puedan comprender las leyes y los procesos judiciales y también, lo que es importante pero poco común, a las decisiones de las autoridades judiciales.
Las desigualdades socioeconómicas denominan a aquellas situaciones en la cual las personas tienen un acceso no igualitario a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. El hecho de que las personas no tengan iguales oportunidades para acceder a los recursos limita el Estado de Derecho. De esta manera, la desigualdad social está fuertemente asociada a las clases sociales, al género, a la etnia, la religión, entre otros. Cuando esas brechas son muy amplias, como ya hemos visto durante el desarrollo de este Módulo, las personas no pueden acceder en igualdad de condiciones a la justicia ni a los bienes públicos.
EN RESUMEN
- El Estado de Derecho se ve limitado por una serie de factores como la corrupción, la opacidad, la impunidad, la inseguridad y las desigualdades sociales.
TERMINAMOS COMO EMPEZAMOS… PENSANDO EN EL ESTADO DE DERECHO